Actualmente hay familias que siguen a la espera de noticias por parte de la Comunidad de Madrid sobre la fecha de la demolición de sus viviendas. Otras llevan casi dos años esperando respuestas e indemnizaciones que no llegan, después de que sus viviendas fueran derribadas con todos sus enseres y recuerdos dentro.
Hablamos de familias que fueron desalojadas con la promesa de que regresarían en dos meses y tras una año viviendo en un apartahotel lejos de todo, sin nada, contaron con media hora que la Comunidad de Madrid les dio para recuperar lo que ese tiempo y sus manos les permitiesen.

Hay vecinos con miedo conviviendo, por imposición, entre las crecientes grietas, crujidos, puertas y ventanas que no se abren, sintiendo cómo se hunde el suelo que sostiene sus vidas, comerciantes que lo han perdido todo y están inmersos en trámites burocráticos sin negocio que sustente a sus familias, comerciantes que por su cuenta se han desplazado a otros locales, buscando zonas seguras donde ejercer sus profesiones y han visto como de nuevo las grietas y desesperanza les persigue. Vecinos que empiezan a ver el deterioro en sus viviendas y se sienten abandonados. Las obras interminables que se están acometiendo por las calles de San Fernando a consecuencia del problema de la infraestructura de la Línea 7B de Metro a su paso por nuestro municipio, siguen generando dificultades cotidianas para muchas familias. Hablamos de un continuo temor de los vecinos a que sus viviendas corran la misma suerte que las ya derruidas. Hablamos de la creación de un entorno hostil, incompatible con la vida, en el que a diario se producen cortes de luz, de agua, fugas de gas y hasta explosiones durante los trabajos de demolición. En este sentido, toda esta problemática se traduce en una tortura vital y psicológica con unas consecuencias gravísimas en lo emocional y económico. Los vecinos sufren severas sintomatologías de ansiedad y angustia, de miedo ante el futuro incierto, de rabia y tristeza. Una durísima situación de duelo que no está siendo abordada por ninguna institución.
En definitiva, se está poniendo en riesgo la vida, la salud y la integridad y futuro de cientos de familias de nuestro municipio.